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31 de enero de 2014
Ubilla, Piñera, HinzpeterSubsecretario Rodrigo Ubilla, Presidente Sebastián Piñera y ministro Rodrigo Hinzpeter, todos involucrados en raros manejos…
Bauzá Notario

Definitivamente, el “gobierno de los mejores” resultó un tremendo bochorno

Por Miguel Tapia González / Periodista

Muchos analistas coincidieron –en su tiempo- que la derrota de la Concertación en 2009 se originó en la desconfianza de la población por los reiterados casos de irregularidades o, derechamente, corrupción registrados en las esferas de la administración estatal.

A lo anterior, se sumaba el natural relajamiento que se produce en los mecanismos de fiscalización cuando una fórmula de Gobierno –en este caso, una coalición- se prolonga por demasiado tiempo, como sucedió con la Concertación.

Ante esa realidad, se erigía una derecha que decía haberse preparado durante veinte años para dirigir el país y nos ofrecía ejercer “el Gobierno de los mejores”.

Desgraciadamente, desde los primeros tiempos del Gobierno de Piñera la idea de que serían “los mejores” se fue desvaneciendo gota a gota.

Lo primero fue la dificultad del propio Presidente por designar su equipo de ministros, subsecretarios, seremis, intendentes, gobernadores y los restantes cargos de confianza, por afloraron dos inconvenientes que resultaron evidentes: primero, los conflictos de intereses que surgían al nombrar personeros del sector empresarial que o0bviamente defenderían a su sector desde el Estado. Y segundo, el nombramiento de empresarios y tecnócratas en cargos que debían ser manejados desde una perspectiva política.

Por otra parte, hubo dificultades, por ejemplo, al designar como intendentes o gobernadores a personas con graves problemas económicos, o con temas pendientes con la justicia. Conocimos al menos 12 casos de nombramientos que inmediatamente fueron anulados.

Lo peor vino a poco andar, cuando se fueron conociendo casos que resultaron escandalosos, aunque en muy pocos el Gobierno reaccionó oportunamente desvinculando a las autoridades comprometidas.

Por mencionar algunos

Sin pretender un orden cronológico y abusando de lo que nos va entregando la memoria, se puede comenzar mencionando el perdonazo a la cadena de multitiendas Johnson´s por parte del Servicio de Impuestos Internos, que le condonó nada menos que 120 millones de dólares. Harto tardó el Gobierno en destituir a su Director Nacional, Julio Pereira, desafectado meses después de las primeras denuncias y sólo porque sus mentiras ya eran inocultables y hasta la Justicia desvirtuó su afirmación de que no tuvo nada que ver en la decisión.

Recordemos también los sobreprecios en las compras del Plan Frontera Norte del Ministerio del Interior, en el que se pagó 4.000 millones de pesos de más en la adquisición de densímetros para la detección de drogas en el norte del país.

También pasó mucho tiempo y tuvo que ser demasiado evidente el fraude para que el Gobierno despidiera al jefe de dicho Plan, el ex fiscal Alejandro Peña.

Increíble, pero Peña había sido contratado por Interior después de su despreciable actuación como acusador en el denominado “Caso Bombas”, en que su futura institución era parte querellante, e inventó cerca de 3.000 pruebas falsas o inconsistentes que fueron desechadas por el tribunal, quedando libres todos los acusados.

Otro caso fue el de las cicletadas organizadas por el Instituto del Deporte, donde hubo millonarias licitaciones que resultaron ser "truchas", con abultado daño para las arcas fiscales.

Partiendo por el Presidente

Recordemos aquí los conflictos de interés protagonizados por el propio Presidente, quien dilató hasta lo insostenible la venta de Lan Chile, postergó hasta más no poder la enajenación de Canal Chilevisión, tardó en deshacerse de sus acciones en Blanco y Negro (Colo-Colo) y, finalmente, el descubrimiento de su propiedad del 26% de la concesión de la denominada Ruta de la Madera, en la Región del Bío-Bío.

Finalmente, el Presidente asegura haber entregado todos sus bienes en un fideicomiso “ciego”; es decir, encargó su administración a terceros sin que él tenga intervención alguna. Le creemos, sinceramente… ¿Por qué no?

Lo insólito es que en tres años y medio, esos “terceros” lograron duplicar su ya abultado patrimonio, que según la revista Forbes, subió de 1.300 millones a 2.400 millones de dólares.

Más casos

No hace mucho se recordó en el Parlamento que en el único caso en que el Gobierno estableció (y cobró) responsabilidad política fue en el caso Kodama, donde se pidió la renuncia de la ministra de Vivienda, Magdalena Matte, pero nadie más.

En ese caso, conocido como Minvu-Gate, el Ministerio estuvo a punto de pagar 17 mil millones de pesos a la constructora Kodama.

También hubo denuncias contra la Dirección de Aduanas, a partir del escándalo por la internación de mercadería por parte de Cencosud (dueña de París, Easy y Santa Isabel, entre otras), caratulada como "ayuda humanitaria" para las víctimas del terremoto de 2010, pero que se vendieron a la Oficina de Emergencia, ONEMI, sin pagar impuestos, configurando los delitos de fraude al fisco y contrabando.

Otro fue el caso conocido como “Plan Banderas Bicententario”, que incluyó la compra de 14 banderas gigantes por más de 10 millones de dólares, monto que generó escándalo por las enormes demandas sociales que hay pendientes.

El programa "Manos a la Obra", del Ministerio del Interior, destinada a apoyar la reconstrucción post terremoto, terminó después que la Contraloría confirmó que las empresas Easy, Construmart y Sodimac subieron de manera concertada los precios de los materiales de construcción respecto a los inicialmente cotizados. La adjudicación se hizo sin licitación sino que con la fórmula de compra directa.

Como este no es un resumen cronológico ni temático, permítasenos mencionar aquí la acusación que debiera investigar la Justicia, en el sentido que el primo del Ministro de Defensa, Javier Hinzpeter, estaba ofreciendo a proveedores adjudicarse compras de esa cartera. El denunciante –un empresario que postulaba a esas licitaciones, presentó ante la Fiscalía de la zona oriente de la capital, correos electrónicos en que Javier ofrecía a determinado proveedor incluso reunirse con su primo, el titular de Defensa Rodrigo Hinzpeter, para adjudicarse la provisión de ropa militar para nuestras Fuerzas Armadas.

La denuncia fue en abril del año pasado, pero el Fiscal la desestimó y archivó. Ante la apelación del denunciante, por orden de la Corte de Apelaciones el Fiscal accedió a tramitar la causa. Pero hasta ahora sólo decretó la comparecencia del propio denunciante; nada más.

El Caso Cascadas es un escándalo financiero que ha estremecido el mundo bursátil, ya que mediante engaños y con participación de empresas relacionadas, la firma SQM (ex Sociedad Química Minera, Soquimich, principal explotadora de salitre) se hizo de enormes utilidades, afectando incluso a las AFP. El propietario Julio Ponce Leroux, quien se hizo de esa empresa en dictadura porque era yerno del dictador Pinochet, involucró al Presidente Piñera en las maniobras como dueño de una de las firmas involucradas. Hasta ahora, este asunto no se aclarar y al parecer pasó al mundo de los olvidos.

Otro caso donde prima el conflicto de intereses asoma en el Ministerio del Interior a partir de la contratación del ex jefe operativo de la PDI René Castellón, quien renunció a su Institución por el caso "sobreprecios". Castellón ingresó a Interior en calidad de asesor de la Subsecretaría de Prevención del Delito, pero nunca abandonó su empresa de seguridad Geo Limitada, la que incluso se presentó en una licitación convocada por el Gobierno Regional de Tarapacá para adquirir dos fibroscopios para el combate del narcotráfico.

El diario “Cambio 21” informó en su oportunidad que Geo Seguridad “también es parte de las pocas empresas (5) que prestan representaciones a entidades extranjeras en equipamiento antidrogas”.

El mismo medio informó que el Ministerio del Interior ha estado en el ojo del huracán y no sólo por los hechos de corrupción, sino también por la actuación de sus principales autoridades, como el ministro Rodrigo Hinzpeter y el subsecretario Rodrigo Ubilla.

“Luego de que se destapara el mayor caso de corrupción en la PDI de los últimos cuatro años –señala-, que estalló con la detención de diez detectives en servicio activo, el Secretario de Estado, junto con anunciar una querella contra los policías, aseguró que ‘el gobierno observa con particular atención la denuncia y la información que se ha hecho pública, porque ella daría cuenta de procedimientos policiales en los que se habría infringido la ley y se habría pasado a llevar garantías individuales, lo que sería bastante grave’. Todo esto, que se conocía desde abril de este año (2013), aparece a la luz pública para tapar el caso "sobreprecios". No contaban, sin embargo, con que justo en el día en que los funcionarios de la PDI fueron arrestados por pertenecer a una red de corrupción al interior de la institución, el ex inspector de la PDI Fernando Ulloa Castillo denunció, en un programa de TV abierta, una cadena de encubrimiento al narcotráfico al interior de la policía, que iría desde sus ex jefes directos hasta el propio ministro Rodrigo Hinzpeter.

Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud no queda excluido de este lamentable listado.

En noviembre, se denunció una irregular adjudicación por asignación directa (sin llamar a licitación pública) de esta Secretaría de Estado a la empresa de telecomunicaciones Entel, que habría sido ordenada directamente por el Presidente Piñera. El contrato tiene fecha de término  en 2019; es decir, pasa lo que queda de este Gobierno, todo el de Bachelet y tendrá que ser asumido por un tercero que comenzará en 2018. Se trata de la contratación de los servicios " Red de Comunicaciones Minsal", por el cual, el ministro Jaime Mañalich firmó el contrato hasta 2019 por un costo anual de $13.865 millones y que significará un compromiso fiscal hasta ese año de $84.274 millones (equivalentes a 165 millones de dólares).

Parecido es el caso ocurrido en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Sence, donde quedó comprometida la casi totalidad del presupuesto de 2014 para beneficiar a empresas cercanas al gobierno.

Se trata de 40 mil millones de pesos que se van a adjudicar a través de licitaciones, pero a las cuales sólo pueden postular cerca de 25 empresas escogidas por el propio servicio.

Además, en esta entidad estatal se pretendería dejar contratada a más de 90 personas, situación que según el diputado Fuad Chahín se suma a los concursos arreglados para proveer cargos de planta y jefaturas.

Para cumplir con los requisitos administrativos se está recurriendo a una trampa, a los funcionarios que no tienen los años mínimos para postular se les permite subrogar en cargos de jefatura y así se los habilita para los concursos”, denunció el parlamentario, agregando que serían más de 600 las personas que quedarían en cargos de planta en distintas reparticiones del Estado en todo el país.

El SAG y senadora Lily Pérez

Antecedentes de dos nuevos casos que al menos producen irritación, trascendieron justo al momento de redactar esta nota.

El primero tiene que ver con la “renuncia”, en diciembre pasado, del director del Servicio Agrícola Ganadero, SAG, Aníbal Ariztía, la que públicamente se justificó “por razones personales”.

Pero no: resulta que este señor, que ya había sido cuestionado por cuestionables manejos en licitaciones y otros procesos internos, ahora había autorizado la internación de carne uruguaya con huesos. Esto está restringido en Chile, porque los componentes óseos de los ovinos podrían alojar el virus de la fiebre aftosa. Entonces y sólo muy justificadamente, se autoriza la internación de carnes con huesos procedentes sólo desde países naturalmente libres de esa enfermedad en el ganado. Pero no de naciones productoras como Uruguay que se liberó de ese flagelo mediante vacunación del ganado.

Por supuesto, cuando se “filtró” la autorización, el ministro de Agricultura, Luis Mayol, dispuso la inmediata derogación del documento y Ariztía salió cascando del cargo, por “razones personales”.

El segundo caso sorprendió a todos al conocerse el decreto 637 del Ministerio de Justicia, publicado por los portales Puranoticia.cl y eldinamo.cl, mediante el cual la titular, Patricia Pérez, “por orden del Presidente de la República” nombró como Notario titular de la recientemente creada plaza de Coquimbo, a Miguel Bauzá Fredes. Sí: el mismo, el esposo de la senadora Lily Pérez…

Hay más…

Es lo que contiene la memoria inmediata del redactor de esta nota, pero seguramente hay mucho, mucho más.

No vamos a incluir aquí el multimillonario fraude en el Gobierno Regional de Valparaíso, al que dedicaremos nota aparte. Ni las irregularidades en la Municipalidad y la Intendencia de Concepción, bajo los mandatos de la protegida de Piñera, Jacqueline Van Rysselbergue.

Sólo estamos dando cuenta de algunos detalles del “Gobierno de los mejores”…

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