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31 de enero de 2014
Eduardo MartínezAlcalde de La Calera, Eduardo Martínez: igualdad vs. Equidad.
Igualdad y equidadImagen que ilustra la diferencia entre igualdad y equidad.

Alcalde sostiene que el principal problema para las comunas y los municipios es la “brutal inequidad”

Algunos ya le llaman “El Alcalde de la Equidad”, porque ese ha sido su discurso durante años: Chile es un país injusto porque reina la inequidad entre las comunas. Y define ese concepto como “poner más recursos donde se necesita más”, lo que hoy no sucede, como comprueba con cifras y estadísticas demasiado contundentes.

El médico Eduardo Martínez es alcalde de La Calera y recién se reunió en la capital, con técnicos de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior, Subdere, a quienes expuso su visión que, estima, es un problema de justicia social. Incluso les exhibió la imagen que ilustra esta nota, donde demuestra la diferencia entre igualdad y equidad, que fue acogida entusiastamente por los especialistas.

“Igualdad es repartir lo mismo entre todos; equidad es aportar más a quienes necesitan más”, parte aclarando el alcalde Martínez, agregando que “durante décadas el Estado ha aplicado el principio de igualdad, que si bien al comienzo nos pareció bien a todos, con el tiempo se ha demostrado que sólo ha contribuido a incrementar sostenidamente la inequidad en los más diversos sentidos: en Salud, Educación y municipalidades”.

La imagen que exhibe el jefe edilicio muestra una familia que pretende ver un partido de fútbol por sobre una pandereta. Como los de menor estatura no ven, la “igualdad” les ayuda con una base igual a todos: el más grande ve mejor, pero el más chico igual no alcanza a observar.. Al lado, una solución equitativa: al más pequeño le ponen una base más alta y al papá, nada, porque no necesita.

Soluciones absurdas

Uno de los instrumentos que el Estado ha generado para apoyar a las municipalidades es el Fondo Común Municipal, FCM, que –según Martínez- “no da para más”, porque “fue concebido para repartir un impuesto (el territorial) desde las diez o doce municipalidades más ricas para repartirlo entre las que tienen menos. Al principio nos pareció bien, porque de alguna manera inyectó nuevos recursos a las demás municipalidades y les mejoró los ingresos ayudándolas a enfrentar muchos déficits. Pero no aportó más, proporcionalmente, donde se necesitaba más.

El anterior gobierno de Michelle Bachelet reparó en que se debía redistribuir el FMC para avanzar hacia la equidad; es decir, que aporte más a las comunas más pobres. Y se dictó la Ley 20.237, de redistribución del Fondo para corregir la falencia restando recursos a las comunas más ricas para destinarlos a las más pobres. Pero la idea original fue desvirtuada cuando en el Parlamento se acordó que ningún municipio podía reducir lo que ya recibía.

“Fue decididamente absurdo –dice Martínez- porque no se puede redistribuir un Fondo para mejorar los aportes a los más pobres sin quitarles a los más ricos”. Entonces se produjo una situación verdaderamente ridícula, porque algunos municipios pobres recibieron información como “usted recibirá 150 millones de pesos más, pero como no le podemos restar a los municipios más ricos, no va a recibir nada” o se le anexará cantidades mínimas.

Hubo otra manifestación del estado en el mismo sentido. Hace unos cuatro años, el Gobierno creó el Fondo de Incentivo al Mejoramiento de la Gestión Municipal, que se creyó ayudaría a mejorar la gestión a las más deficitarias.

Pero para decidir dónde irían los “incentivos” se consideraban varios indicadores; entre ellos si los municipios tenían deuda previsional, su eficacia en el cobro de patentes, si hacían buenos proyectos y una verdaderamente insólita: sus Ingresos en relación a Gastos Internos; cálculo sólo comprensible si se considerara iguales ingresos versus variación de gastos, o ingreso per cápita versus gasto per cápita de habitantes.

“Por supuesto, no se consideró que los municipios ricos pueden gastar más que los pobres para entregar sus servicios, pero como sus ingresos son muy superiores, la relación entre ingresos y gastos siempre les va a ser favorable”, explica Martínez.

Con esos indicadores, por cierto fueron premiados con importantes recursos (que para ellos no fueron muy significativos) los municipios más ricos. Es decir, se premiaba a las municipalidades con aparentemente mejor gestión, con recursos para “mejorar su gestión”.

Irracional a toda prueba

Es sólo un ejemplo de irracionalidad.

Martínez discrepa de la competencia a la que someten a los municipios: iguales reglas para realidades distintas.

“Un municipio como Las Condes, Providencias o Viña del Mar, con buenos ingresos, contrata muchos (y caros) profesionales para diseñar proyectos; los pobres, pocos o ninguno. Y nos hacen competir para que las instancias estatales nos financien proyectos. Los que tienen equipos insuficientes de técnicos o profesionales, presentan proyectos con defectos y no obtienen financiamiento; los municipios ricos, presentan buenos proyectos y los ganan  todos”.

Y eso se repite en todos los aspectos. “En Educación, por ejemplo, los municipios ricos tienen excelentes colegios porque les transfieren grandes recursos sin afectar la provisión de los servicios municipales; tiene alumnos con menos problemas socioeconómicos y culturales, y obtienen buenos resultados; entonces, los premian. Los municipios pobres, como el nuestro, aporta un 7 por ciento de su presupuesto total a Educación y no tiene buenos resultados porque sus alumnos tienen más problemas psicosociales, económicos y culturales; además, no los seleccionamos. Si los resultados no son óptimos, nos castigan”.

En cuanto a la Salud, el alcalde Martínez revela una situación verdaderamente kafkiana: “El Estado dio a los municipios libertad para fijar sueldos; es decir, para aumentarlos, y simultáneamente nos fija estrictas metas. Entonces, los municipios con más recursos ofrecen mejores sueldos y se llevan los profesionales –principalmente médicos, enfermeras y matronas- y pueden cumplir todas las metas, y sobrepasarlas. Los municipios vecinos, si son pobres, se quedan con pocos profesionales, lo que no les permite alcanzar las metas exigidas; entonces, los castigan disminuyéndoles los aportes fiscales”.

Y así en todos los ámbitos. Es decir, se favorece a los municipios con más recursos y se castiga a los más pobres.

Mayor insensatez

El sistema llega al colmo de la insensatez si se considera las limitaciones que tienen los alcaldes en el manejo del personal.

Un municipio modesto tiene las mismas obligaciones que uno pudiente: alumbrado público, recolección de basuras, seguridad ciudadana, administración y mantenimiento de los espacios de uso público (calles y veredas), mantenimiento de áreas verdes, etcétera. Además, debe administrar los programas de Gobierno, como los de Sernam, Fosis, Prodesal (de apoyo a los campesinos), OPD (Derechos del Niño) y otros, para lo que el Estado les exige aportar recursos propios.

Pero tiene estrictas limitaciones para contratar personal; tiene plantas rígidas que datan de 1992; o sea, no puede aumentar su personal de planta. Tiene limitación de un  20 por ciento máximo de lo que gasta en la planta, para emplear funcionarios “a contrata” (con contrato y derechos laborales, pero sólo por un año) y sólo un diez por ciento de funcionarios a honorarios.

Los municipios con más plata tienen más personal de planta y mejor pagado, por lo que pueden disponer de más “a contrata” y “a honorarios”. Con más gente, puede tener mejores indicadores, a diferencia de los municipios más escuálidos.

Pero hay municipalidades que sobrepasan con creces estas limitaciones, cosa que hasta ahora el Estado no ha sancionado, premiando sus mejores resultados en desmedros de las municipalidades que no pueden hacer más porque respetan la normativa.

Lo irracional

Lo irracional es que hasta ahora el Estado no ha dimensionado las diversas  realidades de las municipalidades en la administración de sus comunas.

Los recursos municipales provienen del pago de derechos como el impuesto territorial (contribuciones por bienes raíces), permisos de circulación (patentes de vehículos), derechos de construcción y ampliación, patentes comerciales y profesionales, licencias de conducir y otros de menor impacto.

En las comunas de gente acomodada, la inmensa mayoría de las co9nstrucciones –casas, edificios, locales comerciales- pagan contribuciones; no así en las localidades pobres, donde hasta casi el 80 por ciento –como en La Calera- está exento, porque son viviendas modestas. Entonces, los municipios no perciben ese impuesto y tampoco los derechos de aseo domiciliario, que sí paga la casi totalidad de las casas en las comunas ricas.

Es sólo un ejemplo, porque esta realidad se repite en las demás fuentes de ingresos municipales.

En resumen, los municipios ricos, perciben grandes ingresos y los de gente pobre, escasos.

Lo que incrementa la desigualdad –o la “inequidad” denunciada por Martínez- es que la población de las comunas pobres “necesitan y exigen más apoyo de sus municipalidades”, tanto en ayuda social como en equipamiento, aseo, seguridad, áreas verdes y otros.

“Pero si el Estado nos reparte a todos por igual, no hay disminución alguna de esta brutal inequidad”, sostiene Martínez.

Esta evidente inequidad se repite en todos los sentidos, porque las comunas pobres necesitan y exigen más educación municipal con estudiantes con mayores problemas sociales; en Salud, se atiende a un mayor porcentaje de la población, pero con menos recursos.

“Voy a aportar un dato más, que ahora se debate en el Parlamento: los perros callejeros. El Estado nos impone a los municipios enfrentar el problema y la Ley que se está aprobando en el Parlamento también nos impone esa obligación, que exige preocupación, personal y recursos municipales. Pero el problema es menor en las comunas ricas donde la gente es más responsable, y enorme en comunas como la nuestra, en las que tenemos menos recursos para enfrentar el problema. Y el proyecto de ley a punto de aprobarse, nos trata a todas las comunas por igual”.

Canasta de prestaciones

El alcalde de La Calera no se queda en la denuncia. Ha abierto puertas con la Presidenta Bachelet y la Subsecretaría de Desarrollo Regional para avanzar en la reducción de tan evidente inequidad.

“Mi propuesta es establecer una ‘canasta básica’ de prestaciones que debe entregar cada municipio; algo así como en AUGE en Salud; establecer cuánto necesita cada municipalidad para cumplir con ello, y asegurar que las municipalidades dispongan al menos de los recursos suficientes para satisfacer esas exigencias mínimas por cada habitante al año”, expone Martínez.

Lo anterior debiera ser evaluado año tras año. “Habrá que instaurar una evaluación de la gestión de cada alcalde y premiar o sancionar la gestión, pero eso no debe prolongarse en el tiempo para no castigar permanentemente a toda una población por la mala gestión alcaldicia. Hay que considerar que este cargo tiene una duración limitada, de tal modo que la sanción a una mala gestión no debiera durar más que un período alcaldicio”, concluye el alcalde de La calera, Eduardo Martínez.

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