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27 de noviembre de 2013
Sedes de la UACSedes de la UAC en San Felipe, San Antonio, La Ligua y Los Andes: todas amplias, sólidas y modernas.
UAC en La CaleraA diferencia de lo que ofrece en otras ciudades, en La Calera la universidad privada mantenía este inmueble de tablas y adobes para hacer su negocio.

La Universidad de Aconcagua pretendió una sede gratis presionando a modesto municipio

Por Miguel Tapia González / Periodista

La Universidad de Aconcagua (UAC) usufructuó durante cinco años de un ruinoso inmueble perteneciente a la Municipalidad de La Calera donde se está construyendo un edificio para el Centro Cultural de la ciudad. Pero cuando se le pidió devolver la propiedad para concretar el proyecto de 900 millones de pesos, pretendió imponer condiciones impracticables, por lo que el alcalde Eduardo Martínez decidió demoler la vieja edificación, donde a principios del siglo pasado funcionó un recinto hospitalario y más tarde una escuela básica.

En 1993, la entonces Escuela E 225 ubicada en avenida Latorre 180, La Calera, había sido declarada insalubre por la Dirección de Obras Municipales y al año siguiente la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas recomendó construir un nuevo edificio “por el peligro que significa la atención del alumnado, mediante la demolición del inmueble”, según el documento de la época firmado por los arquitectos David Green y Milagros Aguirre.

Lo anterior motivó la construcción del amplio y moderno edifico de la actual Escuela Palestina, parte de la cual sirve como sede al CFT de la Universidad Católica de Valparaíso.

A pesar de su deteriorado estado, en 2007 la Universidad de Aconcagua (UAC) solicitó al municipio la vieja construcción de avenida Latorre para impartir carreras técnicas de nivel superior a estudiantes de La Calera. La Municipalidad, atendiendo la posibilidad de contar con una sede universitaria en la comuna, entregó por diez años el recinto a la UAC bajo la figura de comodato.

Pero cuando en 2010 el Ministerio de Cultura aprobó destinar 900 millones de pesos para construir el edificio del Centro Cultural, el 10 de junio de 2010 –hace más de tres años- por Oficio 244, el alcalde Martínez comunicó oficialmente a la Universidad el término del contrato de comodato solicitando la restitución del inmueble.

Sobre esta medida, el alcalde Martínez ha recordado que el Artículo 36 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades establece que todos los permisos –en este caso, el permiso de uso de un inmueble municipal- “serán esencialmente precarios y podrán ser modificados o dejados sin efecto, sin derecho a indemnización”.

Aprovechamiento: primer intento

Fue entonces cuando las autoridades de la UAC, por carta del 9 de noviembre del mismo año, exigió a la Municipalidad entregarle en comodato “por un mínimo de 10 años, antes del 31 de diciembre, la propiedad ubicada en calle Aldunate Nº 500 (Escuela Josefina Huici), debiendo la propiedad ser entregada con sus cuentas de servicios de luz y agua al día”.

Incluso la Universidad envió un contrato de comodato de la Escuela, por otros diez años. Pero lo anterior implicaba que los más de 200 alumnos de ese establecimiento municipal y gratuito quedaran sin sede por beneficiar a una institución privada.

Además la UAC exigía al municipio entregar todas las facilidades para que los alumnos de las diferentes carreras de la Universidad puedan realizar sus prácticas, pasantías e internados en centros municipales de salud.

Por cierto, la Municipalidad rechazó la exigencia y confirmó que el recinto que seguía ocupando la UAC debía ser demolido por las deplorables condiciones de salubridad y estructura en que se encontraba.

El municipio ha hecho presente que la U. de Aconcagua cuenta con 22 sedes, todos inmuebles sólidos, modernos y seguros, con la única excepción del que mantenía para que estudien los alumnos de La Calera, que recibían sus clases en salas inadecuadas y con peligro de derrumbarse (ver fotos).

Ofertas del municipio

Ante los anuncios de demolición, la Universidad interpuso en febrero de 2011 un recurso de protección que fue fallado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en abril del año pasado.

La resolución judicial ordenó al municipio “abstenerse de amenazar y concretar la demolición del inmueble” disponiendo que el asunto debía resolverse “en el procedimiento administrativo y/o judicial correspondiente”.

Por su parte, la Municipalidad desplegó intensas negociaciones para dar una salida extrajudicial al asunto. Entre otras posibilidades, ofreció a la UAC entregarle un amplio y sólido inmueble que posee en calle O’Higgins, a pasos de la locomoción colectiva, el que fue visitado por autoridades universitarias, que inicialmente se manifestaron conformes aunque exigieron habilitar de más salas, laboratorios y baños.

Pero días después, mediante correo electrónico, el abogado de la Universidad –Raúl Tavolari- rechazó la propuesta afirmando que la casona se encontraba “a 50 cuadras del centro de La Calera”, lo que representa una insólita exageración (el radio urbano no supera las 25 cuadras).

También fueron rechazadas las ofertas de otros tres inmuebles que la Municipalidad de La Calera le hizo a la Universidad de Aconcagua.

Al contrario: a fines de enero, el abogado Tavolari –ante la inminente proximidad del inicio de la construcción del Centro Cultural- envió un correo electrónico a la asesora jurídica de la Municipalidad, María Loretto Court, enumerando las condiciones que debía tener el inmueble que el municipio tendría que proporcionar a la universidad privada para desocupar el inmueble de calle Latorre.

Entre esas condiciones, enumeró: que el inmueble se ubique en el centro y acceso cercano a locomoción, que sea de uso exclusivo para la Universidad, eximirla de pago de permiso municipal, contar con seis salas de clases para 35 alumnos cada una, más sala de práctica de enfermería; laboratorio de computación y tres oficinas; adecuación y traslado por cuenta del municipio y pago de las costas del juicio por parte de la Municipalidad.

El inmueble que la UAC había obtenido durante 2007 gratuitamente en comodato constaba de tres salas de tablas y adobes, además de una pequeña oficina.

Salida administrativa

Ante exigencias tan abusivas, la Municipalidad recurrió al fallo de la Corte de Apelaciones de abril de 2011 (ya citado), en el sentido de resolver el asunto mediante “procedimiento administrativo y/o judicial”, ejerciendo el procedimiento administrativo de decretar la demolición del inmueble de calle Latorre, accediendo a la solicitud de la Dirección de Obras y en base a los distintos informes emitidos desde 1993.

La demolición se llevó a efecto por personal municipal con maquinaria pesada. Pero todos los bienes y documentos de la UAC que estaban en el inmueble hasta momentos antes de su demolición, fueron debidamente inventariados ante Notario y guardados en dependencias municipales, desde donde un año después fueron retirados por representantes de las autoridades universitarias.

Sanción contra el Alcalde

Las autoridades de la UAC reaccionaron reclamando ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, a la que pidieron aplicar sanciones contenidas en el Numeral 15 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Recursos de Protección.

El tribunal de alzada porteño acogió la solicitud y en fallo dictado el 3 de abril, aplicó la sanción de un mes de suspensión en el cargo y goce de medio sueldo por ese período, contra el alcalde Eduardo Martínez.

El jefe comunal apeló ante la Corte Suprema, que meses después rechazó el recurso y dejó a firme la sanción del tribunal de alzada.

Por lo tanto, el Alcalde de La Calera permaneció suspendido del cargo entre el 26 de septiembre y el 26 de octubre, percibiendo sólo el 50 por ciento de su sueldo base.

CDE contra el municipio

A todo esto, el Juzgado de Letras de La Calera todavía no resuelve la demanda por restitución del inmueble de calle Latorre interpuesta por el municipio en 2010.

Por su parte, la Universidad de Aconcagua interpuso ante el Tribunal de Garantía de La Calera una querella contra el alcalde Martínez por siete delitos; entre otros, apropiación indebida de especies, usurpación de propiedad y otros. Pero en el proceso, fueron siendo desvirtuados todos los cargos, a excepción de la acusación por desacato, que sigue adelante (ver nota aparte).

En esta causa, iniciada por la universidad privada, se hizo parte sumándose a la querellante, el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Es decir, esta entidad, que debe defender los intereses del Estado si son amenazados por privados, en este caso defiende a una empresa privada contra un organismo estatal, como es el municipio.

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