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27 de noviembre de 2013
Audiencia en el TribunalEn el tribunal, a la izquierda, el alcalde Eduardo Martínez junto al abogado Alfredo Mateluna.
Alcalde MartínezEl alcalde Martínez se manifiesta tranquilo frente al juicio en su contra.

Alcalde de La Calera fue sancionado y arriesga nuevas penas judiciales por defender intereses de su comuna

M. Tapia G. / ZonaImpacto.cl

Un mes de suspensión en el cargo percibiendo medio sueldo base, cumplió el alcalde de La Calera, Eduardo Martínez, por ejercer sus atribuciones e impedir que la privada Universidad de Aconcagua (UAC) bloqueara la construcción del vanguardista edificio para el Centro Cultural de la comuna.

La medida fue aplicada por la Corte de Apelaciones de Valparaíso al fallar recurso de protección interpuesto por la UAC a raíz de la demolición del viejo inmueble de tablas y adobes que el municipio le había entregado gratuitamente en comodato, para que ofreciera algunas carreras técnicas a jóvenes de La Calera.

La Corte sostuvo que la demolición constituía el delito de desacato, porque el jefe comunal no habría respetado una disposición anterior que le ordenaba solucionar la controversia por la vía administrativa o judicial. El jefe edilicio sostiene que al dictar el decreto de demolición, recurrió a una medida administrativa.

Tribunal Constitucional

Al decretar la sanción, la Corte porteña aplicó el contenido del Numeral 15 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Recursos de Protección.

Los auto acordado son disposiciones reglamentarias convenidas por los ministros del máximo tribunal, para establecer procedimientos en la tramitación de juicios.

Pero dicho Numeral fue una medida adoptada por la Suprema en 1977, en plena dictadura, para contener los desbordes de algunas autoridades de la época. No se debería, entonces, aplicar en democracia, contra autoridades que representan la soberanía popular pues fueron elegidas por votación ciudadana.

Este es uno de los argumentos con que el abogado Alfredo Mateluna fundamentó el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) para demostrar la invalidez del precepto judicial aplicado.

Además, el jurista explica que los tribunales deben sancionar delitos contenidos en una ley aplicando sanciones contenidas en otra ley; es decir, el correcto funcionamiento de instituciones democráticas. No corresponde –dice Mateluna- aplicar a una autoridad democrática una sanción que no está en la ley y que fue dictada por los jueces, que deben aplicar los cuerpos legales emanados del Parlamento y no acuerdos internos que no han sido concebidos para sancionar.

Pero el TC rechazó estos argumentos –aunque algunos ministros lo acogieron, aduciendo que si se aplica, podría afectar hasta al Presidente de la República- y la Corte Suprema confirmó lo resuelto por la de Apelaciones. El alcalde Eduardo Martínez cumplió estoicamente la sanción.

Extraña actitud de Fiscalía

En tanto, se ha seguido tramitando la querella interpuesta ante el Tribunal de Garantía por la UAC, ahora sólo por el delito de desacato, ya que las demás acusaciones quedaron desvirtuadas.

Aquí, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) actúa a favor de la privada UAC contra la Municipalidad de La Calera, que es una repartición estatal.

Como el desacato –de existir- ya fue sancionado por la Corte porteña, el Ministerio Público –a través de Fiscal de La Calera- ofreció una “salida alternativa” para poner fin a la causa imponiendo condiciones menores al Alcalde, como serían una donación a una institución benéfica, fijación de domicilio en la comuna o la firma mensual por un tiempo determinado.

Pero otra de las condiciones para esta “salida” era que el jefe comunal de La Calera se desista de su apelación ante la Corte Suprema contra la medida de suspensión temporal en el cargo, la que fue rechazada por el imputado.

Rechazada la apelación ante la Suprema y cumplida la suspensión de un mes, se convocó a una nueva audiencia para insistir en la salida alternativa. Pero en esta oportunidad, se produjo la sorpresa: inexplicablemente, la Fiscalía cambió de actitud y dijo que ya no pediría el término condicional de la causa y que se seguiría el juicio oral contra Eduardo Martínez. Al ser consultado, el fiscal Hugo Arismendi se limitó a explicar que recibió “órdenes superiores” para desistirse de un acuerdo.

Universidad pretende dinero

Poco antes de la audiencia que desestimó la salida alternativas, las partes fueron convocadas al Tribunal calerano de Garantía. El imputado entendió que se acordaría el término de la causa.

Pero no: se trataba de la petición de la Universidad de Aconcagua de disponer la prohibición de venta, traspaso o enajenación a cualquier título, de la casa habitación familiar del alcalde Eduardo Martínez, para garantizarle que disponga de sus bienes privados con los cuales respaldar el pago de las indemnizaciones que la UAC exigirá en un futuro juicio civil que iniciará contra la Municipalidad por los “daños morales” causados a raíz de la demolición del ruinoso inmueble que usaba gratuitamente como sede.

Obviamente se trataba de una pretensión indebida, pues la UAC exigía garantía frente a una demanda en juicio civil que todavía no ha interpuesto. Y pretendía el “embargo” de un bien de propiedad personal del Alcalde por una demanda aún no presentada, contra la Municipalidad. La UAC supone que tendrá éxito.

Además, si el juicio es por desacato, es evidente que no es la universidad la “ofendida” o víctima del supuesto delito, por lo cual no podía pretender beneficiarse en este proceso.

La petición de la universidad privada fue rechazada. Pero al ser consultada, la abogada de la UAC, Pía Tavolari –en representación de su padre, abogado Raúl Tavolari- declaró que la universidad que asesora pretende obtener 80 millones de pesos por los daños que le originó la Municipalidad al recuperar la vieja escuela de tablas que le habían cedido gratuitamente.

Enfrentará el juicio oral

El alcalde Eduardo Martínez se ha manifestado dispuesto a enfrentar el juicio oral “en la confianza que en todo momento hemos actuado correctamente defendiendo los intereses de la comuna”.

En cuanto a su cumplida suspensión de un mes, expresó que “cumplí sin chistar, convencido que jamás quise ofender o desacatar a la Corte de Apelaciones”.

“Estoy convencido de haber actuado bien –señaló el jefe comunal-; por lo mismo, espero que en esta etapa del juicio podamos debatir el tema de fondo que, según estimo, es si el decreto de demolición que emití era legal o no. Yo estoy convencido que fue emitido de acuerdo a la ley; y por lo mismo, no hubo ningún reclamo de ilegalidad dentro de los plazos establecidos”. La legalidad de la demolición es un tema que hasta ahora no se ha discutido en tribunales, puntualizó el jefe edilicio.

Lo que viene

Tanto el abogado externo Alfredo Mateluna como los juristas de la Municipalidad, María Loretto Court y Alejandro Borbarán, se manifiestan confiados en que la justicia les dará finalmente la razón, pues el alcalde Martínez solamente ha defendido los intereses del municipio y de la comuna, contra las pretensiones de la UAC de aprovecharse de una situación puntual para obtener beneficios.

Ellos respaldan la visión del alcalde Martínez, en el sentido que la Universidad –que ocupaba gratuitamente tres dependencias en estado ruinoso- quiso aprovechar en su favor la oportunidad: el municipio necesitaba urgentemente el inmueble que se le había facilitado, para poder construir el edificio cultural, que representa una inversión –a estas alturas- suprior a mil millones de pesos. Pretendió que la Municipalidad de La Calera la dotara de una sede para ejercer su negocio educativo, imponiendo condiciones inalcanzables para “estrujar” a la Corporación edilicia en beneficio de la empresa privada.

El alcalde no lo permitió y ahora está amenazado de nuevas sanciones –aunque ya cumplió una por el mismo supuesto delito por el que es procesado- y sabe que se viene la anunciada demanda civil por al menos 80 millones de pesos.

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