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28 de agosto de 2010
Mina San JoséLa mayoría de los trabajadores chilenos arriesgan sus vidas porque los empleadores prefieren "ahorrar" recursos... para sus bolsillos.

Tragedia minera revela precariedad laboral que muchos esconden

Trabajadores chilenos arriesgan sus vidas por avaricia de los empleadores

Por: Zonaimpacto.cl

El milagro se produjo. Los 33 mineros atrapados al fondo de la mina San José, en la Región de Atacama, están con vida según se reveló al momento de despachar esta nota.

Pero el drama de estos mineros dejó brutalmente al descubierto la precariedad de las condiciones en que laboran cientos de miles de trabajadores chilenos, en todos los rubros, porque sus empleadores no les proveen de los más elementales dispositivos de seguridad.

Son demasiados los empresarios que prefieren poner en riesgo la integridad y la vida de su personal por embolsicarse unos pesos más, demostrando que la avaricia o la voracidad económica no tiene límites. Se ha revelado ahora la descomunal inmoralidad en que incurren a diario miles de empleadores que, además, hacen lo posible por proyectarse hacia la sociedad como verdaderos redentores que en su enorme generosidad "dan" empleo.

Premonitorio

El diputado UDI, integrante de la Comisión de Minería Manuel Rojas resultó premonitorio cuando el pasado 16 de julio solicitó al Gobierno que "se adopten todas las medidas necesarias en materia de seguridad para los que laboran en las diferentes faenas mineras de nuestro país".

De acuerdo al reporte de prensa despachado desde su oficina parlamentaria apenas veinte días antes de la catástrofe en la mina San José, el diputado Rojas pidió al Presidente de la República que se modifique el Decreto con Fuerza de Ley Nº5 de 1990, del Ministerio de Minería, que adecua la planta del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), "con el objetivo de incorporar el personal necesario para la correcta fiscalización del Reglamento de Seguridad Minera, creando específicamente el cargo de fiscalizador y estableciendo los requisitos necesarios para su desempeño".

En la oportunidad, el parlamentario oficialista puntualizó que "los accidentes en faenas mineras, según estadísticas de Sernageomin, han registrado una considerable tendencia al alza en los últimos tres años, registrándose en promedio 1.971 accidentes, de los cuales 42 han terminado con resultado de muerte".

Agregaba el diputado Manuel Rojas: "Sernageomin cuenta actualmente con 18 fiscalizadores en todo Chile para supervisar las más de tres mil faenas mineras en explotación, lo cual resulta a todas luces insuficiente. A modo de ejemplo, en las regiones de Antofagasta y Atacama, que concentran el setenta por ciento de ellas, sólo existen un total de ocho fiscalizadores, de manera que en promedio un solo fiscalizador alcanza a visitar tres faenas por día".

Minera San Esteban

La mina San José -enclavada en pleno Desierto de Atacama-, como la mayoría de los yacimientos nacionales, es subterránea. Es de propiedad de la Minera San Esteban, que cuenta con varias otras faenas mineras en el norte del país.

La cantidad de anomalías que se conocieron después de producido el desastre resultan escandalosos, tanto por su cantidad como por su carácter.

Las infracciones más "suaves" que se cometían en la mina eran de carácter sanitario: no tenía autorización de agua potable ni alcantarillado o baños en estado deplorable y hasta carecía de espacio ni servicio de enfermería.

Pero también las había estructurales. En julio recién pasado, la Inspección del Trabajo los había detectado: "No realizar fortificación en el techo. No habiéndose constatado que no existía fortificación. No evaluar situación de riesgo (...) Tal hecho constituye incumplimiento a las condiciones generales de seguridad de los lugares de trabajo e implica no tomar las medidas necesarias para proteger la vida, la salud y en general la integridad física de los trabajadores".

Antes, Sernageomin había ordenado la clausura del mineral por falta de seguridad, pero "alguien" ordenó su reapertura sin solucionar las fallas, por intercesión o presiones de "algunos".

Lo anterior, sin que se suprimieran los factores de peligro, no se haya instalado la señalización exigida en inspecciones previas y sin poner en funcionamiento el obligatorio Comité Paritario de Higiene y Seguridad.

Las infracciones son muchas más y de variado tipo. Pero los dueños de la empresa San Esteban -Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny- se las arreglaron para seguir operando sin cumplir las condiciones mínimas de seguridad para los trabajadores.

Los resultados son demasiado conocidos.

Cruda realidad

¿Son estos empresarios mineros los únicos que infringen la ley operando sus fuentes laborales sin cumplir con las condiciones mínimas de seguridad?

Desgraciadamente, no. Son demasiadas las empresas cuyos propietarios "ahorrar" no cumpliendo las disposiciones legales sobre higiene y seguridad del personal.

Los abusos de los empleadores cubren el más amplio espectro imaginable.

En 2008, la Inspección del Trabajo realizó 3.912 fiscalizaciones, las que generaron 1.402 multas y 3.317 infracciones (una multa puede dar origen a numerosas infracciones).

Del total de infracciones de ese año, la Construcción acumuló 569 notificaciones, es decir, el 17% del global. Transportes completó 375 transgresiones, Servicios 368 y Comercio 363. El año pasado la tendencia fue más o menos la misma. Hasta agosto la rama de la Construcción sumaba 538 infracciones, Servicios llega a los 212 y Comercio 168.

Pero la minería siempre ha representado parte importante de las infracciones contra los trabajadores, en especial sus condiciones de seguridad.

En febrero de este año, los trabajadores de la mina "El Peñón", de propiedad de una empresa canadiense, denunciaron una discriminación atroz contra el personal contratado a plazo fijo en relación a los que tienen contrato indefinido.

Horarios de faena superiores a lo permitido por la ley, nulo respeto a los horarios de colación e incluso discriminación en la cantidad y calidad de la comida e implementos de seguridad son algunas de las denuncias que formuló públicamente el Sindicato de Trabajadores de "El Peñón".

Los mineros expresaron que la empresa canadiense obtiene millonarias ganancias extrayendo oro y plata a 160 kilómetros al sureste de Antofagasta, precisamente, gracias al trabajo de las 1.100 personas que discrimina en materia de seguridad y alimentación.

Los dirigentes aseguraron que ni siquiera se les entrega buzos para trabajar, debiendo usar la misma ropa todo el tiempo, lo que representa una grave anomalía sanitaria, considerando que "El Peñón" es una mina subterránea.

Además, señalaron que esta situación ocurre cuando en Antofagasta todavía no se olvida la trágica muerte de un trabajador de la también privada Minera Escondida -que destina grandes sumas de dinero en proyectar la mejor "imagen corporativa"-, hecho sucedido hace algunos meses o el derrumbe que aconteció en El Peñón en 2008, que terminó con un trabajador muerto, aplastado por toneladas de tierra por una falla en las medidas de seguridad al instalar explosivos.

Todos los rubros

Hace poco, los trabajadores de la empresa Alsacia, que provee de buses al Transantiago, denunciaron las pésimas condiciones en que desempeñan su labor: "Neumáticos en mal estado, vidrios quebrados, sin espejo, las puertas en mal funcionamiento... lo cual atenta gravemente contra la seguridad de los usuarios y de los trabajadores", señaló el dirigente sindical Óscar Vargas.

Además, denunció que no se respeta la normativa de la jornada laboral que debe ser de 7,5 horas con cuatro horas máximo de conducción continua.

En la construcción, cada año mueren decenas de trabajadores chilenos por falta de seguridad.

Derrumbes, hundimiento de terrenos, desplome de muros y losas... La lista es extremadamente larga y variada de infracciones que tiñen de sangre la historia de los trabajadores chilenos.

En la agricultura, por ejemplo, trabajadores y trabajadoras sufren diariamente los efectos de fumigaciones con productos químicos altamente tóxicos, porque -para "ganar tiempo"- les obligan a reanudar las faenas sin que las áreas e invernaderos se alcancen a ventilar. Las mujeres, incluso, ponen en riesgo a sus hijos por nacer debido a estas reiteradas prácticas.

El traslado de trabajadores a sus faenas es otro factor de alta peligrosidad. Son frecuentes los accidentes de obreros o temporeras cuando son transportados en vehículos inadecuados, no aptos para esa actividad: camiones, buses de desecho, verdaderas chatarras a las cuales los empleadores no subirían bajo circunstancia alguna.

En Antofagasta, el 31 de julio del año pasado, un taxibús con 50 trabajadores se estrelló violentamente contra el frontis de una casa con un saldo fatal de dos personas muertas y decenas de heridos.

¿Motivo del accidente? El vehículo trasladaba a 50 personas, en circunstancias que se trataba de una máquina con capacidad para 24 pasajeros sentados...

Mucho más

Ese es sólo un ejemplo que subyace en nuestra memoria. Desgraciadamente hay más, mucho más.

Las grandes empresas abusan mucho. Pero si sus trabajadores están organizados, las infracciones son más acotadas.

Pero recodemos que en Chile apenas el 11 por ciento de los trabajadores está sindicalizado, y sólo el 7 por ciento negocia colectivamente; es decir, puede exigir -y verificar- las condiciones laborales esenciales.

Se estima en más de un 80 por ciento la proporción de trabajadores que se desempeña en empresas pequeñas y medianas, sector donde el incumplimiento de la normativa laboral y la falta de respeto de los trabajadores son, sencillamente, brutales.

Esta área tan importante como fuente laboral y actor de la economía nacional, generalmente los trabajadores no tienen sindicatos, de tal modo que sus empleadores pueden imponerles condiciones paupérrimas de trabajo. Operarios de pequeñas constructoras, talleres mecánicos, obras de construcción, imprentas, vulcanizaciones o pequeñas fábricas, entre el más amplio abanico de rubros, se ven obligados a trabajar en condiciones deplorables, sin equipo alguno de seguridad -generalmente hasta sin extintores de incendio a pesar de trabajar con elementos combustibles- porque los empleadores se esmeran por "ahorrar recursos".

No hay fiscalizadores

Cuando los afectados recurren a las instancias fiscalizadoras, sencillamente no logran absolutamente nada porque en todas las reparticiones encargadas falta personal.

Es que las plantas de personal en servicios como la Dirección del Trabajo, Sernageomin o la Autoridad Sanitaria, por ejemplo, son definidas por ley. Y las leyes las aprueba el Parlamento. Y nuestros parlamentarios de derecha siempre rechazan incrementar el potencial fiscalizador del Estado.

No olvidemos que la Reforma Laboral de Ricardo Lagos rigidizó los estándares y exigencias de cumplimiento de la normativa laboral, que va desde las condiciones contractuales, pasando por el pago oportuno de las cotizaciones previsionales hasta llegar a los ámbitos de higiene y seguridad de los trabajadores. La mayoría del Parlamento, incluyendo a la derecha, los aprobó.

Pero rechazó aumentar las plantas de fiscalizadores en los servicios estatales.

O sea: hay normas legales. Pero los empresarios no las cumplen. Y no hay fiscalizadores suficientes para controlarlos.

Peor aún: cuando fiscalizan, después no tienen capacidad para verificar el cumplimiento de las exigencias, como sucedió con la Mina San José.

Más todavía: los empresarios muchas veces prefieren pagar multas, que son mínimas, y quedarse sin cumplir las exigencias legales.

Una minera que no cumplía con normas elementales de seguridad, fue multada en abril pasado con ¡veinte sueldos vitales! Un sueldo vital no llega a los 25 mil pesos, de tal modo que la multa fue menor a 500 mil pesos.

La nada misma. Una invitación a seguir infringiendo la ley, a ahorrar unos pocos pesos que van a los bolsillos de los empleadores, a cambio de mantener el riesgo contra la integridad y la vida de los trabajadores.

Igual que en tiempos de la esclavitud.

Director responsable: Miguel Tapia González [director(a)zonaimpacto.cl] · Webmaster : Javier Tapia Donoso