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26 de julio de 2010
El Presidente Piñera y monseñor Goic.El Presidente Piñera estrecha la mano del presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alejandro Goic, después de recibir la propuesta de la Iglesia Católica.

Indulto propuesto por la Iglesia desata fuerte polarización en el país

Miguel Tapia G.

Ya mucho antes de que la Jerarquía de la Iglesia Católica entregara al Presidente Sebastián Piñera su proyecto de Indulto Bicentenario, los actores políticos del país dieron la pista de cómo la iniciativa desataría una polarización que no conocíamos desde hace años, abriendo heridas que creíamos en proceso de cicatrizar.

El tema de fondo son los presos condenados por crímenes cometidos al amparo de la dictadura de Pinochet. Para algunos, no deben recibir beneficio alguno. Otros -como el Presidente Piñera- pretenden que no se discrimine por la condición de civil o militar de los condenados. Los defensores de los Derechos Humanos rechazan cualquier intento de favorecer a los autores de crímenes de lesa humanidad. Y otro sector se manifiesta contrario a todo tipo de indulto, como el presidente de la Corte Suprema y algunos políticos incluso de derecha.

Esta gama de posiciones al parecer irreconciliables eran sobradamente conocidas por nuestra sociedad y especialmente por la propia Jerarquía eclesiástica.

Sin embargo, en plena conciencia de la polarización que desataría, el miércoles 21 de julio el arzobispo de Santiago, Francisco Javier Errázuriz y el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Alejandro Goic, llevaron a Piñera una propuesta cuyo contenido enreda a toda la sociedad, menos a la Iglesia que sabe saltar a un lado con una redacción claramente ambivalente.

La propuesta

Tomando el Bicentenario de Chile como justificación, los jefes del catolicismo piden conceder "un indulto que nuestra sociedad puede conceder como expresión de la actitud humana y enaltecedora que construye la paz ciudadana y ayuda a la reconciliación". Por cierto, sus autores saben que el proyecto para lo que menos servirá es para la reconciliación nacional, justamente por la polarización que ya estamos viendo, absolutamente previsible.

El documento plantea que el beneficio favorecería a "los condenados por sentencia ejecutoriada -con las restricciones que la autoridad competente considere prudente establecer como, por ejemplo, delitos de sangre-, que en los últimos años hayan tenido buena conducta en los recintos carcelarios, y no constituyen un peligro para la sociedad".

Aquí queda de manifiesto la ambigüedad o ambivalencia de la Iglesia, porque no establece exclusiones, pero se las sugiere al Presidente; es decir, no se "moja el potito" para nada.

Luego, los autores de la propuesta sugieren algunos beneficios que se podrían otorgar a los presos: reducción parcial de las penas, reducción adicional a los mayores de 70 años, mujeres con hijos menores de 18 años, a los condenados que padezcan alguna enfermedad invalidante, grave e irrecuperable (que "se les conmute su pena por otra, que no deba cumplir en las condiciones más aflictivas de la cárcel", sugiere) y que a los enfermos terminales se les condone el saldo de las penas.

Más adelantes, los jefes de la Iglesia se refieren expresamente a los violadores de Derechos Humanos en dictadura, sin quienes -sostienen- "no sería completa la mesa para todos".

Aquí, nuevamente los autores tiran la piedra y encogen la mano pues proponen al Presidente estudiar caso a caso y, relativizando los crímenes, señalan: "No olvidemos que no todos ellos tuvieron igual responsabilidad en los crímenes que se cometieron. A nuestro parecer no cabe ni un indulto generalizado ni un rechazo general del indulto para todo ex uniformado condenado". (Curioso que digan que los crímenes "se" cometieron; o sea, se cometieron solos).

Y piden resolver la concesión de beneficios estudiando caso a caso, porque según la curia hay criminales menos criminales y otros más.

Sugieren los prelados que "La reflexión debe distinguir, por ejemplo, el grado de responsabilidad que le cupo a cada uno, el grado de libertad con que actuó, los gestos de humanidad que tuvo y el arrepentimiento que ha manifestado por sus delitos". Los "dignatarios" olvidan que nadie puede ser obligado a matar. Muchos santos y héroes nos han dado lecciones de que prefirieron morir a matar...

Después hablan del consabido hacinamiento en las cárceles, donde si bien hay delincuentes y criminales, "pero no por eso podemos negarles la dignidad que Dios les confirió desde el día de su gestación".

Finalmente se disculpan por el tremendo lío en que metieron al Gobierno y a toda nuestra sociedad, asegurando que no quieren poner en situación "incómoda" a las autoridades y que respetarán todas las "opiniones encontradas" que va a generar su propuesta. Era que no...

Y se armó la rosca

Como era de prever, apenas los jefes eclesiásticos difundieron su iniciativa a través del sitio web de la Iglesia, se armó la rosca.

Muchos recordaron que apenas cuatro días antes, en entrevista con El Mercurio, el Presidente Piñera, ya había emitido su opinión de no discriminar entre criminales civiles y militares: "Cuando entramos a razones humanitarias, que tienen que ver con la compasión, por supuesto que uno debe considerar razones como la edad, el estado de salud o de enfermedad, la situación familiar, especialmente la de madres con hijos menores de edad; pero yo no creo que en nombre de las razones humanitarias se deba discriminar ni por sexo ni por condición socioeconómica ni por origen étnico ni por preferencia sexual, ni tampoco por el hecho de ser civil o militar".

La UDI mostró sus cartas a través del diputado Jorge Ulloa, quien opinó a favor de los violadores de Derechos Humanos para que "se les entreguen los beneficios penitenciarios a los cuales todo interno tiene derecho, y que al personal que está detenido tanto en Punta Peuco como en Cordillera les han sido sistemáticamente negados".

Por cierto, este parlamentario no menciona que los prisioneros en los dos penales que mencionó gozan de beneficios carcelarios desde que fueron encerrados, porque se trata de verdaderos condominios de veraneo con cabañas con todo tipo de comodidades -incluyendo la posibilidad de realizar recepciones, ingresar licores y tener encuentros íntimos con sus parejas- y visitas diarias a toda hora.

La diputada RN Lily Pérez, muy cercana a Piñera, sorprendió manifestándose contraria a todo tipo de indulto, mientras el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, opinó que figuras como el indulto y la amnistía son "situaciones que están obsoletas en una sociedad moderna".

La oposición en pleno se manifestó absolutamente contraria a cualquier intento de beneficiar a los autores de crímenes amparados por la dictadura. El ex Presidente y actual senador Eduardo Frei fue categórico rechazando todo indulto para ellos y el diputado Tucapel Jiménez, hijo del dirigente sindical cruelmente asesinado por los esbirros de la dictadura, anticipó que el tema provocaría una fuerte polarización de nuestra sociedad y no pudo dejar de recordar que uno de los homicidas de su padre, el suboficial (r) Manuel Contreras Donaire, fue indultado por el ex Presidente Ricardo Lagos sin que hasta ahora se conozcan razones humanitarias, de salud ni de edad que justifiquen el perdón oficial.

Sospechas

Quienes seguimos con atención la campaña electoral del ahora Jefe de Estado, no podemos olvidar el encuentro "reservado" que el candidato sostuvo con un amplio grupo de militares en retiro, algunos de quienes responsablemente aseguraron que Piñera les prometió acelerar el término de juicios contra ex uniformados y estudiar la aplicación de beneficios para sus presos.

Hay quienes sospechan que la iniciativa de la Iglesia fue ideada para "pavimentar" el camino al Presidente para cumplir su palabra con los ex militares, que indudablemente votaron por él.

No olvidemos que el actual Jefe de Estado es sobrino del Obispo Emérito de La Serena, monseñor Bernardino Piñera, ex presidente de la Conferencia Episcopal y quien tuvo silenciosa aunque protagónica presencia cuando el Presidente Piñera fue absuelto por la Corte Suprema por su presunta participación en el fraude del Banco de Talca en 1982.

Además, el Presidente Piñera es católico observante, de Misa dominical y estrecha vinculación con la curia católica.

De otra forma -dicen los críticos- no se explica que a pesar de saber que el proyecto de Indulto estaría lejos de facilitar la reconciliación, la Iglesia haya insistido en plantear su propuesta.

¿Y el arrepentimiento?

Un aspecto especialmente trascendente es el del arrepentimiento que debieran haber manifestado los postulantes a algún beneficio, como lo sugiere la Iglesia.

Esta condición excluiría casi absolutamente a quienes cometieron crímenes en nombre de la dictadura, quienes nunca han expresado remordimiento ni mucho menos han pedido perdón porque siguen negando su responsabilidad o mantienen la soberbia afirmación de que actuaron en "defensa de la patria".

El presidente del movimiento "Chile mi Patria" (de militares en retiro) general (r) Rafael Villarroel -quien fue gobernador militar en Quillota- sostuvo el mismo día de la presentación de la Iglesia, en entrevista con Radio ADN, que los culpables de los crímenes contra opositores a la dictadura fueron los mismos opositores a la dictadura. Sigue afirmando este representante de los violadores de derechos humanos que ellos sólo reaccionaron frente a los intentos de instaurar una dictadura marxista por parte de la izquierda chilena. Entonces, era "lógico" detenerlos, amarrarlos y asesinarlos indefensos, como se hizo con la mayoría de las víctimas.

Sólo uno de estos homicidas ha manifestado arrepentimiento y pidió públicamente perdón a la familia de sus víctimas. Su nombre es Carlos Herrera Jiménez, "El Bocaccio", mayor de Ejército en retiro condenado como autor material directo de los asesinatos del dirigente gremial Tucapel Jiménez y del carpintero Juan Alegría. Este segundo crimen fue perpetrado para ocultar el anterior, pues se pretendió que el obrero se suicidó arrepentido por haber matado a Jiménez.

"El Bocaccio" -quien por años permaneció escondido en una parcela de La Cruz, vecina a Quillota, donde cultivó muchas amistades- está preso en el penal de Punta Peuco (Til Til) gravemente enfermo.

Hay quienes estiman que Herrera Jiménez reúne los requisitos propuestos por la Iglesia, pues además ha mantenido buen comportamiento en prisión.

Pero también se menciona al mismísimo ex jerarca y creador de la DINA, Manuel Contreras Sepúlveda, como otro potencial beneficiario del indulto propuesto. Claro, porque aunque en su soberbia jamás ha reconocido participación alguna en los crímenes que ordenó ejecutar -incluido el de Orlando Letelier, en Estados Unidos, por el que culpa a la CIA, y el del general Prats, en Buenos Aires- y las condenas que ya suman 400 años de prisión, respondería a dos condiciones sugeridas por los prelados: tiene más de 70 años y sufre de enfermedad irreversible, ya que está ostomizado (no evacua por la vía rectal sino por un tubo desde el intestino a una bolsa exterior).

No hay piso político

En todo caso, todos están conscientes que hoy por hoy no existe piso político para la propuesta de la Iglesia.

El Presidente Piñera dijo que se daría un breve plazo para reflexionar y decidir. ¿Qué? Las condiciones del proyecto que podría enviar al Senado.

Antes de recibir el documento de la Iglesia, Piñera había solicitado distintos informes a expertos constitucionalistas, a los ministros de Defensa y de la Presidencia y otros especialistas.

Pero no olvidemos que hasta su Jefe de Gabinete, Rodrigo Hinzpeter, se pronunció contra la intervención de la Iglesia en asuntos que no le competen, como éste.

Entonces, el Presidente puede enviar un proyecto al Legislativo, pero no tiene piso; menos aún si como lo anunció pretende no discriminar entre presos por delitos comunes y autores de crímenes de lesa humanidad.

No olvidemos que en ambas cámaras, un proyecto de ley sobre indulto general requiere mayorías calificadas que resultan prácticamente imposibles de conseguir en un Parlamento prácticamente igualados en dos mitades.

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